No ayuda el gasoducto a una política energética saludable para Puerto Rico

Perla Franco / Claridad
16 de julio de 2008 

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció con bombos y platillos el comienzo de la construcción del Gasoducto del Sur, primera etapa de un proyecto en tres fases. El propósito, argumentó, es sustituir a la mitad el uso del petróleo como combustible principal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la producción de energía. El Gasoducto, que consta de una tubería de acero de 20 pulgadas de diámetro, dijo el mandatario, reducirá eventualmente la dependencia actual del petróleo de un 73.9 por ciento, a un 50 por ciento. El Gobernador insistió en las alegadas economías que dijo significará esa construcción tanto para la AEE como para sus abonados y volvió a prometer que esa transición traerá el prometido ahorro en la factura eléctrica que no ha podido lograr hasta el momento.

Análisis

Un gasoducto para privatizarlo
El aspecto más controversial del Gasoducto parece haberse obviado. Y es que esa inmensa tubería soterrada de unas 42.4 millas de largo será costeada en su totalidad por la AEE a razón de unos 80 millones de dólares y con el propósito de facilitarle a la compañía privada Ecoeléctrica el medio por el cual distribuirá posteriormente el gas que le venderá a esa corporación pública. Es decir, la AEE construirá el medio de distribución que necesita la planta Ecoeléctrica, -actual suplidor del 12.8 por ciento de gas que utiliza la AEE-, para aumentar esa venta a un 33 por ciento.

El Gasoducto transportará el gas inicialmente desde la Ecoeléctrica en Peñuelas hacia la Central de Ciclo combinado de la AEE en Aguirre, transcurriendo su estructura por los municipios de Peñuelas, Ponce, Juan Díaz, Santa Isabel y Salinas.

Una segunda etapa extenderá el Gasoducto hacia dos lugares. Por el sur hasta Mayagüez y por la Cordillera Central hacia Arecibo. En el caso del acceso hacia Arecibo se estudia la posibilidad de utilizar el soterrado de una compañía telefónica. Esa segunda etapa se estima que tendrá un período de construcción dos a tres años y un costo de unos $250 millones.

En su tercera fase, el Gasoducto será llevado de Arecibo a San Juan. Aún no existen estimados de costos ni tiempo de construcción, según detalló el secretario de la gobernación, Jorge Silva Puras con quien conversamos al respecto. Lo que si especificó el entrevistado fue que el Gasoducto, en su paso por el norte, contempla proveer gas a las farmacéuticas que se encuentran principalmente en el pueblo de Barceloneta.

Pero, ¿continuará el Gasoducto independientemente de quién gane las elecciones? Según datos ofrecidos por el propio Silva Puras, el Gasoducto es una extensión de una política de diversificación de energía que comenzó bajo la administración del ex gobernador, Rafael Hernández Colón en su segundo mandato en la década de 1980. Con ello pareció decir que no importa la administración que esté, el proyecto continuará su rumbo.   
    
Una visión de más de 30 años
Silva Puras explicó que desde hace casi 30 años se vienen realizando en Puerto Rico estudios que indican la necesidad de reducir la dependencia del petróleo como fuente principal de generación de energía. Que en gran medida esos estudios, que comenzaron con la primera crisis petrolera de finales de la década del 70, concluyeron que los costos de energía iban convirtiendo al país en uno poco rentable para hacer negocios.

Ahora que los costos del petróleo se han disparado y se anticipa que los precios del barril podrían llegar a los $200, se comienza a tratar de resolver el asunto con medidas que, muy bien pudieron haber sido efectivas unas cuantas décadas atrás pero ahora no resultan ser viables si se busca resolver el problema a largo plazo, como se debería. Pero el gobierno no lo ve así.

¿Cuál es entonces la visión del gobierno y cómo la justifican? ¿Cómo es vista por un experto en materia energética? ¿Por qué se oponen algunos sectores al Gasoducto?

La visión del gobierno
Silva Puras dejó evidenciado durante la conversación, que la actual administración gubernamental ve el tema energético principalmente desde un punto de vista un tanto conservador. Su visión apuesta esencialmente a que el gas permitirá ahorros y pareciera delegar las posibilidades de energía renovable a la controversial Ley de Incentivos Industriales que contó con el apoyo de ambos partidos de mayoría y que prefirieron llamar Ley de Desarrollo Económico.

Silva Puras explicó que la visión del Gasoducto continúa plasmada en dos documentos principales: el Plan de Gobierno con el que Aníbal Acevedo Vila llegó al Fortaleza; y el ampliamente criticado Plan de Desarrollo Económico y Transformación del Gobierno que no esconde las intensiones de privatizar parcialmente algunas áreas.

Pero el Secretario de la Gobernación además defiende el Gasoducto como parte de los planes de diversificación de energía que se han realizado en Puerto Rico y que dijo comenzaron su concepción bajo la administración del ex gobernador Hernández Colón; que luego se conceptualizaron en la administración del ex gobernador Pedro Rosselló en la década del 90; y que se materializaron durante la administración de la ex gobernadora Sila Calderón a principios del año 2000 con la construcción de las plantas privadas AES de carbón y Ecoeléctrica de gas para proveer de esas materias a la AEE. El Gasoducto, entonces, vendría a ser un seguimiento a esa política. Esas dos compañías privadas y la AEE  firmaron un contrato por 25 años que Silva Puras catalogó como “las dos inversiones más importantes” y “el primer paso hacia la diversificación de la energía” que esta administración continúa con el Gasoducto.

Aunque Silva Puras enfatizó que el carbón sigue siendo “más rentable que el gas” en términos de ahorros, -aludiendo a que su costo por kilovatio hora es de unos siete u ocho centavos comparado con el diesel o petróleo que es tres veces más caro-, aseguró que no existen planes de ampliar la dependencia de éste para la producción de energía, y reconoció que las adversas repercusiones ambientales que crearon gran oposición a su uso son reales.

Sin embargo, con relación al gas defendió que su incremento sea costo efectivo ya que es menor al del petróleo en un 40 por ciento. Insistió a su vez en que es además “más limpio ambientalmente, lo que representa también una ventaja”. No obstante tuvo que reconocer que “el principal problema que enfrenta el gas es que ha seguido subiendo su precio”, adversidad que se espera continúe a medida que aumente su demanda. Sin embargo, dejó claro que “con la ventaja económica y ambiental que representa el gas, es por ahí que “hemos decidido irnos como país”. Con ello estableció la verdadera política pública al respecto.

Cuando preguntamos a Silva Puras por qué contratar una compañía privada como intermediaria para llevar a las plantas eléctricas el gas cuando muy bien podría recibirlo directamente esa  corporación pública en los puertos por los que actualmente recibe el petróleo, éste explicó lo siguiente: “Es que Ecoeléctrica ya tiene la planta de gasificación”, se apresuró a decir. Y añadió que es que el gas llega en forma líquida a la Isla y se tiene que convertir en gas a través de cambios de temperatura en la planta gasificadora de Ecoeléctrica que calificó de  costosa y de innecesaria para que la AEE decida adquirirla. El costo de la gasificadora, dijo, es de unos $500 millones.

La energía renovable es la alternativa, no el gas. Pero toda la defensa que levanta el gobierno sobre las bondades del gas no parecen ser suficientes, mucho menos una alternativa a largo plazo. Una conversación sobre este tema con el director del Instituto Tropical de Energía, Ambiente y Sociedad, Efraín O’Neill Carrillo, quien además es Catedrático de Ingeniería Eléctrica del Recinto Universitario de Mayaguez (RUM), nos permitió revisar varios documentos relacionados al tema.

Con unos 10 años de experiencia en el estudio de alternativas energéticas O’Neill opinó que la política pública viable para el futuro indiscutiblemente debe estar fundamentada en la energía renovable. Más aún, que ésta debió haberse comenzado a desarrollar para garantizar un futuro sustentable pero además sostenible.

El catedrático, a preguntas nuestras sobre qué le parecía la política pública de sustituir petróleo por gas con el Gasoducto, no titubeó en catalogarla de “atrasada”. Explicó que el uso del gas pudo haber sido “una ventana ideal hace unos 15 años” para producir energía pero que ahora no lo es. Que al gas “apenas le quedan unos 10 o 15 años más de rentabilidad”, por lo que dijo que su utilización no debe verse como alternativa a largo plazo. Anticipó que dentro de unos años su costo aumentará y nos volveremos a encontrar en una situación similar a la que vivimos actualmente con el petróleo.

O’Neill destacó que es importante invertir en medidas a largo plazo, tal vez noveles, que aunque podría representar una inversión mayor su resultado será sostenible en el tiempo. Y es que está claro que como país, al no contar con combustibles fósiles, nuestro empeño debe ir dirigido a los recursos renovables a nuestro alcance, manifestó.

El catedrático explicó que una combinación de fuentes renovables de energía como el viento, el sol, las corrientes oceánicas, los biocombustibles, las geotermales y las hidroeléctricas pueden ir combinadas para producir la energía que necesita el país. Sin embargo, destacó que es importante a su vez desarrollar la conciencia ciudadana de la necesidad de cambiar los patrones de consumo de energía que consideró “demasiado altos”. Dijo que esa debe ser política pública del estado.

Con relación a las fuentes renovables, O’ Neill dijo que el viento es una de las de mayor viabilidad en la Isla. Indicó que incluso existe un mapa que ubica el área este, el norte y algunos lugares de la zona central como los de mayores corrientes de viento. Aunque no descartó otros “bolsillos” de corrientes de aire lo suficientemente fuerte como para producir energía, al preguntarle sobre los propuestos molinos de viento en el Sur dijo que en éste y en todos los casos se deben considerar los aspectos ambientales como la protección de especies y las comunidades que se puedan ver afectadas por su instalación. Objetores principales a los molinos de viento en Guayanilla han asegurado que éstos afectarían grandemente ciertos tipos de aves y sus hábitats. Además, que existen lugares mejores para su ubicación y en menor proporción.

Eso coincide con la opinión de O’Neill, quien enfatizó que las fuentes de energía a utilizarse deben ser variadas para que si falla una de ellas, las otras puedan seguir generando energía.

Otra de las fuentes de energía que destacó el catedrático que están accesibles lo es la de los sistemas fotovoltaicos. Éstos son los que utilizan sol como generador de energía. Aunque reconoció que en grandes escalas su implementación es bastante costosa aún, dijo que debe promoverse su uso ya sea a través de incentivos o financiamiento para  individuos e incluso para construcciones futuras.

En lo relativo a energía oceánica,de temperaturas océano termal específicamente, admitió que existe “buen potencial” aún cuando admitió su inmadurez comercialmente.

La energía producida de biocombustibles es otra que favoreció debería considerarse. Aunque reconoció que la resultante del maíz no ha sido la mejor opción, consideró que las de microalgas, por ejemplo podrían ser alternativas. Según aseguró, las microalgas generan mucho más combustible que otras opciones agrícolas. Sobre ella destacó que existe un plan piloto en Lajas en las que señaló se destaca otro experto en el tema energético quien lleva mucho más tiempo estudiando estos temas, el doctor José Colucci.

Y así por el estilo O’Neill fue una por una de las diversas alternativas de energía renovable que podría tener Puerto Rico. Se comprometió a ofrecernos más adelante información adicional al respecto.

UTIER apoya energía renovable pero no privatizada
Otro de los consultados para este artículo lo fue el presidente de la Unión de Trabajadores de Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos Ramos, quien aseguró que ese sindicato apoya el uso de energía renovable.

Santos manifestó que en medio de la crisis energética que enfrenta el país, “al pueblo hay que hablarle con claridad”. Resaltó cuatro pasos que dijo se deben seguirse en estos momentos. Destacó como prioritaria, la importancia de realizar una campaña que cree conciencia sobre la necesidad de ahorro de energía. Consideró necesario que la gente tome conciencia de que los estilos de consumo eléctrico en Puerto Rico son exagerados, mayores incluso, según destacó, a un país tan grande en extensión como México.

Otro de los pasos que recomendó fue “que el gobierno considere las negociaciones con Venezuela porque el pueblo va a necesitar petróleo comoquiera en gasolina y diesel para vehículos y camiones. El gobierno venezolano ha manifestado disponibilidad para entendidos comerciales en materia energética con Puerto Rico a precios más baratos que los actuales. Resaltó que ello se debe a su política solidaria especialmente con los países caribeños, de la que Puerto Rico puede y debe beneficiarse garantizando a su vez que las economías se le pasen al pueblo.

Otra de sus recomendaciones fue que se rehabiliten las plantas hidroeléctricas que en su momento produjeron un dos por ciento de energía y que aún pueden ser útiles.

Por último sugirió el establecer una política pública energética que incluya a todos los sectores, especialmente la academia; y que se consideren los estudios hechos y por hacer por éstos con vías a dirigirse a la transición hacia energías renovables.

El líder sindical aseguró que la UTIER no se opone al desarrollo y la transición de la AEE. A lo que se opone es a que ésta esté en manos privadas por considerar que la energía es un recurso que no debe ser tratado como mercancía. Insistió en que “como necesidad de la humanidad la energía debe permanecer en manos del gobierno para el bien de todos”.

Comunidades se oponen al Gasoducto
Ciudadanos organizados en las comunidades por donde pasará el Gasoducto del Sur han manifestado su oposición a ese proyecto. Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del grupo Comité Diálogo Ambiental en Salinas, detalló a CLARIDAD las razones para tal postura.

Según Alvarado, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Gasoducto, no incluyó comunidades que se verán afectadas con el paso del inmenso tubo. Algunas de las comunidades, aseguró recibirán el impacto directo, lo que presume la eliminación de algunas de ellas. Entre algunos de esas comunidades en Salinas  mencionó las de Villa Cofresí, Villa Esperanza, La Playa, Playita, Villa Sol, Residencial Brisas del Mar, Urbanización Instancias de Evelymar, Brisas de Evelymar y Las Mareas. Los ciudadanos aseguran que de ser construido el gasoducto muchas de ellas podrían ser removidas. A ninguna, aseguró el portavoz, se les ha entregado información sobre el Gasoducto y su construcción.

Otras de las quejas de los residentes, es que aseguran que no se les dio oportunidad de participar en vistas públicas ya que en los pueblos de Salinas, Ponce y Juana Díaz no se pautaron.

También, sostienen los residentes, que el Gasoducto, para la inversión en su primera etapa, no generará gran reducción en la factura de luz. Aseguran que las supuestas economías serían de un tres por ciento, lo cual consideran no merece el precio de incluso exterminar comunidades para pasar un tubo. Igualmente sostienen que los costos del gas aumentarán en pocos años y que la problemática actual se repetirá.

Alvarado enfatizó que “la construcción del Gasoducto es una visión errada del gobierno y de la AEE que apenas propone un dos por ciento de energía renovable en 20 años dentro de sus planes, cuando otros países en ese mismo plazo de tiempo esperan tener entre un 20 a un 50 por ciento de energía renovable”. España es un ejemplo, añadió, que planifica tener un 50 por ciento de energía renovable en los próximos 50 años. 

El Comité Diálogo Ambiental es parte de la Alianza Comunitaria Ambiental en Acción Solidaria, grupo que reúne sobre 70 organizaciones alrededor de Puerto Rico. Éstos han ido realizando diversos foros sobre el tema energético, especialmente sobre el Gasoducto. De ahí que su oposición sea una bien fundamentada, aseguró Alvarado.

Fuente http://claridadpuertorico.com/content/view/402262/32/